Con asombro recibimos noticias increíbles en zonas del país que debían ser cuidadas con más celo.
El cónsul del Reino de Bélgica, Marc Bautil, relata lo que ocurre en Las Galeras, Samaná, y en Cabarete, Sosúa.
Envió una comunicación al ministro de Turismo, sobre la inseguridad en esos polos turísticos. La Asociación Nacional de Hoteleros y el Consejo Nacional de la Empresa Privada hablan del terror que imponen transportistas a turistas y empresarios en La Altagracia.
Ya conocemos los graves problemas sobre la inseguridad jurídica en La Altagracia, donde se ha denunciado toda clase de fraudes en los procesos de compra y registro de bienes raíces.
Cómo las personas son estafadas por mafias ilustradas que no respetan ninguna ley.
Al leer la correspondencia del cónsul de Bélgica se concluye fácilmente que los vecinos de Puerto Plata y Samaná sufren los mismos problemas que la mayoría de los dominicanos, pero que al tratarse de extranjeros que vienen a buscar paz y descanso, nos encontramos ante una delicada situación.
Imagínese, un cónsul pidiendo desesperadamente prevención y seguridad en una zona turística. Con la advertencia increíble de que su país puede declarar un “aviso de no viajar a República Dominicana” por inseguridad. Simplemente desconcertante.
El otro escenario, en la región Este, un grupo de individuos llega al extremo de detener vehículos repletos de turistas.
Los hacen desmontar y los obligan a subir a sus unidades, a veces bajo la mirada de algún tipo de autoridad.
¿Cómo puede ocurrir eso en un país donde se supone que existen leyes y unas autoridades para hacerlas cumplir?
Más aún, los propietarios de empresas hoteleras no pueden ofrecer transporte a sus empleados porque los “sindicalistas” se lo impiden.
Estas son noticias verdaderamente asombrosas. Y eso no puede ser.
Las autoridades tienen que ejercer su autoridad, especialmente en zonas tan sensibles para la economía.
