Medido por las cifras, el Plan de Seguridad Democrática no ha logrado el propósito de reducir el crimen, sea a consecuencia de los homicidios comunes o del accionar de grupos organizados para cometer fechorías.
El Plan se inició en 2005 y a la fecha no se ha controlado la criminalidad. Y la tasa de homicidios se ha mantenido más o menos igual, entre 22 y 25 por cada cien mil habitantes, revela un trabajo publicado este viernes por Oscar Quezada en este diario, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Más de dos mil víctimas fatales por causas violentas desde 2005 hasta el año pasado. Lo que ha ocurrido durante este año no es nada alentador. El panorama conduce a pensar que vivimos en una guerra de baja intensidad, en la que muere una inmensa mayoría de ciudadanos indefensos, inocentes, algunos criminales y agentes policiales.
La violencia delincuencial ha conducido a quienes tienen el deber de prevenirla a utilizar “mano dura”. A veces “ojo por ojo, diente por diente”. Pero la realidad muestra que ese no es el camino.
Jóvenes sin esperanzas que malviven en los barrios, sin alternativas, caen fuera de la ley. No alcanzan la formación deseada. No tienen capacidades para conseguir un empleo, y desesperados escogen el camino fácil.
Pero la sociedad tampoco les ofrece una oportunidad. El Estado tiene que trabajar para que esas personas encuentren un sitio donde ganarse la vida. Muchas cosas tienen que cambiar para evitar que caigan en la violencia.
Si bien las autoridades represivas deben realizar su trabajo para garantizar el orden y la seguridad, al mismo tiempo las autoridades políticas deben impulsar programas que promuevan la equidad social.
Elaborar estrategias de más largo plazo es, definitivamente, el camino seguro para librarnos de la tiranía de la violencia. Siempre hay tiempo para reorientar los planes. Una revisión de “Seguridad Democrática” parece oportuna para vencer la violencia.
