El presidente de la República visitó este miércoles el palacio de la Policía. Las razones son más que obvias. La delincuencia nos tiene de rodillas y la nación reclama acciones, resoluciones, para utilizar una palabra de nuestro Juan Luis Guerra. Los hechos y situaciones que envuelven e involucran a agentes de ese cuerpo cada vez son más alarmantes.
El caso del teniente rebelde, identificado como “La Soga”, tipifíca y desnuda el drama que vive ese cuerpo que todos quisiéramos que sea efectivamente de “orden público”. Un desertor con grado de oficial, que ahora la Policía que lo entrenó lo denuncia como un criminal, que operaba en El Equipo, un escuadrón de la muerte actuante en la mayoría de las gestiones de todos los jefes policiales. Que el Presidente acuda a esa institución es muestra de un empeño, es su misión, es su deber. Pero la realidad hace pensar en algo más que su disposición a contribuir para que el Congreso Nacional conozca rápido la ley orgánica de la Policía.
Habría que mirar hacia Colombia, que se convierte en referente en la lucha contra el crimen. El presidente Juan Manuel Santos cerró el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia que degeneró en una banda criminal. Era el departamento de inteligencia política y seguridad del Estado que se colocó al servicio del crimen durante la administración de Alvaro Uribe, ahora en bancarrota política. Quizás no sea válida la extrapolación. Pero la Policía criolla necesita más que una simple reforma o mejoras de la calidad de los agentes.
El Gobierno y la nación deben evaluar la posibilidad de cerrarla y crear un cuerpo nuevo, con los oficiales en posibilidad de pasar serias pruebas de idoneidad. Decir eso aquí es un pecado, pero es necesario decirlo. Y naturalmente, hay derecho a rasgarse las vestiduras, como acaba de ocurrir tras el informe de Amnistía Internacional, pese a que la historia de esa institución está entintada, y todos sabemos de qué.
