NUEVA YORK (AP) — Funcionarios de la Casa Blanca se reunieron el martes con líderes hispanos para escuchar sus preocupaciones mientras grupos de activistas exigían al presidente Barack Obama que cambie su política migratoria de forma inmediata.
Varias organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes hicieron un llamado para que el gobierno estadounidense ponga fin a un programa federal que facilita el intercambio de información entre policías locales y las autoridades de inmigración.
El programa, llamado Comunidades Seguras, propicia una mayor deportación de inmigrantes sin autorización para residir en el país, aseguraron los activistas.
«Todos los inmigrantes tienen derechos. Es cierto que muchos cometen errores pero no merecen un sistema de deportación injusto», dijo Michelle Fei, representante del Proyecto de Defensa de los Inmigrantes (Immigrants Defense Project), durante una rueda de prensa en Manhattan.
Los activistas de grupos como La Fuente, la Coalición de Inmigrantes de Nueva York o el Instituto Nacional de Política Latina pidieron un sistema migratorio «más humano» y denunciaron la cifra récord de 392.862 personas deportadas durante el año fiscal 2010, según datos federales.
Funcionarios del gobierno de Obama celebraron también el martes la Cumbre Hispana de la Casa Blanca Para la Acción Comunitaria en una universidad de la ciudad. Durante el acto de varias horas se reunieron con líderes hispanos de Nueva York para hablar sobre educación, inmigración, empleo y asistencia médica.
Felicia Escobar, asesora del Consejo de Política Doméstica para la Casa Blanca, explicó a un grupo de hispanos que reformar el sistema migratorio del país sigue siendo una prioridad para el Presidente.
Destacó que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se enfoca ahora en dar prioridad a la deportación de criminales. Existen aproximadamente 300.000 casos en las cortes de inmigración del país que están siendo revisados por las autoridades.
Bajo el programa Comunidades Seguras, la policía local envía la información de las huellas dactilares de las personas arrestadas a varias bases de datos federales —incluidas las de inmigración— con el propósito de identificar a los encarcelados, conocer sus antecedentes judiciales así como su estatus migratorio en Estados Unidos.
La portavoz de ICE, Nicole Navas, no respondió de forma inmediata una llamada de Associated Press el martes. El estado de Nueva York suspendió su participación en el programa este año, pero Navas dijo recientemente que Comunidades Seguras es un proyecto federal.
Los activistas exigieron el martes el fin del programa migratorio en varias ciudades del país y destacaron la emisión del documental «Lost in Detention», de la cadena estadounidense PBS sobre Comunidades Seguras y que denuncia los casos de familias de inmigrantes separadas por la política migratoria del país.
«Estados Unidos no debería participar en el negocio de violar los derechos humanos», dijo Lucía Gómez-Jiménez, directora ejecutiva de La Fuente, en Nueva York. «A Obama le podemos dar una segunda oportunidad para que realmente solucione el tema».
Hasta el 30 de abril del 2011, más de 77.000 inmigrantes acusados de crímenes serios fueron deportados de Estados Unidos tras ser identificados a través de Comunidades Seguras, dijo Navas recientemente.
