La Policía Nacional detuvo a un coronel de la Fuerza Aérea a quien junto al marino Franklin Medina Ferreras acusa de disparar contra los agentes y el fiscal que desalojaron unos terrenos que Fenatrano reclama como suyos.
El vocero de la Policía, coronel Máximo Báez Aybar, aseguró que mientras el presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, Juan Hubieres, discutía con el fiscal y los agetes policiales que practicaban el desalojo en los terrenos ubicados en Brisas del Este, el teniente coronel Daniel Aníbal Manzueta Múñoz, que tenía una vivienda en el lugar, aprovechó que estaba vestido de civil y disparó contra la fuerza pública. La policía científica analiza el arma del militar para determinar su nivel de implicación.
Mientras, Juan Hubieres, diputado por Monte Plata, coordinador de Movimiento Rebelde y presidente de Fenatrano, dijo desde su lecho en la clínica Dr. Rodríguez Santos que no hay paros convocados aunque no los descarta, aunque los choferes esperarán a que el jueves los tribunales se pronuncien sobre el recurso de amparo que trataría de evitar que el Ayuntamiento Santo Domingo Este llevara a cabo el desalojo bajo el amparo de tres decretos que declaran los terrenos de utilidad pública.
Negó que los afiliados a Fenatrano hayan disparado contra la fuerza pública, observando que si así hubiera sido el sábado en Brisas del Este hubiera habido una matanza debido a que tiene la certeza de que además del desalojo había la intención de atentar contra su integridad física, ya que ha denunciado que militares al servicio del alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, dieron facilidades como documentos de identidad al narco boricua José David Figueroa Agosto.
“Nadie, nunca antes me había disparado, nadie había atentado contra mi vida, y Juan de los Santos va a oír muchas cosas, como ese teniente coronel que está a su servicio, que es su cuñado y que facilitó documentaciones a Cristian Almonte o Figueroa Agosto”, expresó en momentos en que era visitado por una delegación de diputados del Partido Revolucionario Dominicano, quienes manifestaron solidaridad.
De su lado, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este justificó ayer el desalojo de las 72 familias, alegando que se habían agotado los procesos legales correspondientes y bajo el amparo de los decretos 381-92, 387-03, 1214-04 promulgados en los Gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, respectivamente, que declaran el área protegida.
Estos terrenos forman parte del eje longitudinal de los farallones del llano costero sudoriental que fueron consignados como área protegida por el Ministerio de Medio Ambiente.
